Esther Farnós, doctora en Derecho y profesora de la UPF, defendió la necesidad de acabar con la paradoja de que un país que recibe a gente de todo el mundo para la reproducción asistida, en cambio, envíe a sus ciudadanos fuera para la gestación subrogada. En cambio, su colega de la UIC Montserrat Nebrera cree que el hecho de que se permitan gestaciones subrogadas sin repercusión legal tiene un efecto llamada y provoca que acudan a esta opción no sólo quienes no pueden tener hijos sino también quienes no quieren pasar por los rigores del embarazo.
Pero otras voces académicas advierten que toda esta discusión es meramente política e ideológica y no aborda el debate social porque no tiene en cuenta la opinión pública, de la gente de la calle, entre otra razones porque hasta ahora no se conocía. Investigadores de la Universidad de Alicante liderados por la socióloga María José Rodríguez –vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de esa universidad– están a punto de publicar los resultados del primer trabajo científico sobre la actitud de la población española frente a la gestación por sustitución, basado en un cuestionario de 27 preguntas realizadas a 3.752 personas.
Rodríguez avanza que esta técnica tiene menor grado de aceptación que la donación de óvulos o de esperma, que la adopción, el acogimiento familiar o la fecundación in vitro, “pero el 41,5% de los encuestados la considera totalmente aceptable o aceptable”. Además, “
el 58,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se apruebe una ley de gestación por sustitución, frente a un 17,2% que está poco o nada de acuerdo”. Más de la mitad también aprueba que puedan beneficiarse de esta práctica las parejas homosexuales. En cuanto a los niños, el 61% opina que se les debe dar toda la información sobre su origen, el 44% cree que sería deseable que la gestante mantuviera el contacto con la familia antes y después del nacimiento, y
el 53% es partidario de que la responsabilidad de la gestante acabe con el nacimiento y entrega del bebé.
Aude Mircovik, portavoz de la asociación Juristes pour l’Enfance, participó la semana pasada en el Congreso Internacional Derecho y Sociedad que la Universitat Abat Oliba CEU dedicó a la gestación por sustitución. En esta entrevista con La Vanguardia deja clara su oposición frontal a legalizar una práctica que “atenta contra la dignidad de las personas y los derechos de los niños” y que “desvirtúa la adopción”.
- ¿Por qué se posiciona en contra de una práctica cada vez más habitual tanto en Francia como en España?
- Hay dos problemas con la gestación subrogada. El primero, el menosprecio de los derechos de los niños. El niño es objeto de un contrato de fabricación y es separado de la mujer que lo ha alumbrado desde el momento del nacimiento, de modo que por medio de ese contrato se introduce confusión en la filiación del niño. El segundo problema es que es contraria a la dignidad de la mujer.
- ¿Y si la madre gestante está de acuerdo?
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El derecho penal francés condena las condiciones de trabajo contrarias a la dignidad humana aunque las víctimas consientan. La experiencia demuestra que muchas veces las mujeres no son totalmente libres para decidir. Y aunque así fuera, hoy por hoy la sociedad y la ley francesa (y la española) consideran que esta práctica es contraria a la dignidad, y el consentimiento y la libertad individual no pueden ser contrarios a la ley. Vivimos en sociedad y hay que cumplir sus reglas.
- Pero las parejas acuden a países donde es posible contratar una madre gestante, y alguna solución hay que dar luego a esos padres y esos niños.
- Una vez se ha realizado no hay soluciones buenas. Se puede autorizar la adopción, pero no se repara el daño que la gestación subrogada ha ocasionado al niño. La Corte de Casación francesa se ha pronunciado advirtiendo que es un uso perverso de
la adopción, que
está pensada para proteger y reparar al niño que por circunstancias sobrevenidas se ha visto privado de sus padres; pero en la gestación por sustitución el abandono es voluntario, se provoca y se organiza todo para privar al niño de al menos uno de sus progenitores, la madre.
- ¿Estamos ante un conflicto entre el interés de unos adultos por ser padres y el del niño?
- Uno tiene la libertad para tener hijos cuando, con quién y donde quiera, concierne a su vida privada. Pero cuando ese deseo se expresa de forma contraria al derecho de otro, entonces concierne a la sociedad, porque uno no puede realizar sus deseos a cualquier precio, tiene que respetar el derecho de los otros. Y no estamos en un conflicto entre derechos de adultos y de niños, porque el adulto no tiene derecho al niño.
- Pero las formas de familia han evolucionado, y en nuestras sociedades ser padre o madre tiene más que ver con la crianza que con el proceso reproductivo, ¿no?
- Es cierto que la filiación no se reduce a la dimensión biológica, pero eso tampoco significa que esta no tenga interés. Es posible que un niño criado por personas que no son sus progenitores vaya bien, pero no siempre es el caso. Y
una cosa es que por circunstancias de la vida ese niño se vea privado de sus padres y la ley organice que como protección sea adoptado por otras personas, y otra que la ley prive a los niños de sus padres biológicos desde el primer momento, que es lo que ocurre cuando se legaliza la gestación subrogada. La importancia del vínculo biológico la explica la primera generación de niños nacidos por reproducción asistida, que ya son adultos y dicen que no es tan sencillo vivir con esa ausencia en su filiación. Y también se revela cuando las parejas que acuden a la reproducción asistida conocen que se ha cometido un error y les han implantado gametos que no son los suyos, denuncian, y la justicia les reconoce el daño. Si se considera que el vínculo es relevante para ellos, lo será también para los niños, ¿no?
- En todo caso, si la práctica va al alza, ¿no sería mejor regularla para resolver dudas sobre los derechos de esos niños y esos padres?
- Cada vez hay más personas que recurren a esta práctica porque el lenguaje del Estado no es claro, no hay sanciones o no se aplican. Si algo es contrario a la dignidad, no hay que regularlo sino suprimirlo, como la esclavitud. Ninguna regulación puede reparar eso ni puede justificar convertir a un niño en objeto de un contrato y de una transacción.
- De todos modos, lo que una sociedad considera ético o legal cambia con el tiempo, evoluciona. Quizá la gestación por sustitución acabe encajando en la ley si es socialmente aceptada, como ha ocurrido con el matrimonio de personas del mismo sexo.
- Desde luego que las sociedades y las leyes evolucionan, pero eso no quiere decir que todos los cambios conlleven progresos. Si nuestra sociedad acepta la comercialización de la procreación, habrá evolucionado la mentalidad, pero será un retroceso. Incluso si la gestación por sustitución fuera gratuita, no se puede donar no lo que no nos pertenece, y los padres no son propietarios de los niños. El papel de la ley no es sólo constatar las evoluciones, sino discernir si son adecuadas o no, y la responsabilidad de una sociedad es no renunciar a respetar los derechos de todos. Si enjuiciamos críticamente otras épocas por despreciar el derecho de algunos –por ejemplo, de los esclavos–, no es para ahora aceptar que los niños sean objeto de comercio.
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