Prohíben a los 100.000 funcionarios vascos criticar las posturas políticas de su Gobierno
Los 100.000 empleados públicos del País Vasco no van a poder discrepar o criticar de forma pública las "posiciones políticas" mantenidas por la Administración de la que dependen. En la actualidad, la prohibición de emitir opiniones contrarias a las del gobierno afecta únicamente a los cargos públicos en cumplimiento del Código Ético y de Conducta que rige su actuación, pero este impedimento va a afectar también a todo el funcionariado vasco, ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu pretende extender la obligación de cumplir esta pauta de actuación al conjunto del personal antes de que acabe el año.
Extender al conjunto del personal público los valores y principios que el Código Ético y de Conducta establece para las personas que ocupan cargos públicos es una recomendación que ha formulado la comisión de Ética Pública del País Vasco en su Memoria de 2017 y que el Ejecutivo de Vitoria va a asumir. Así, el gabinete de Urkullu incluirá este precepto en el Proyecto de Ley de Empleo Público que se está tramitando y que el Consejo de Gobierno prevé aprobar en noviembre, según informa su portavoz, Josu Erkoreka.
Mantener una discrepancia de opinión en base al "derecho a la libertad ideológica" implicará que se presente la dimisión "por coherencia institucional"
El código ético, que desde 2013 rige la actuación de los miembros del Gobierno, altos cargos, personal eventual y demás cargos directivos al servicio de la Administración general y del sector público del País Vasco, establece que estos “deben abstenerse de discrepar o criticar abiertamente a través de medios de comunicación, redes sociales o por internet sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno” bajo amenaza de cese. Según determina, mantener una discrepancia de opinión, “amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la libertad de expresión”, conlleva que su autor debe “por coherencia institucional, presentar la correspondiente dimisión de su cargo, que podrá ser admitida o no por el órgano competente para aprobar el cese”.
Ahora, este precepto se aplicará a los 70.000 funcionados que dependen del Gobierno vasco y a los otros 30.000 de las otras administraciones públicas vascas (diputaciones forales y ayuntamientos), según apuntan desde el Ejecutivo de Vitoria, de acuerdo a su pretensión de extender este código ético a todo el personal con su incorporación en la próxima legislación vasca de empleo público. Esta norma de conducta recoge en la actualidad que los cargos públicos podrán participar en el debate y en los procesos de deliberación en cualquier medio de comunicación o en actos públicos para “defender las posiciones propias de su Gobierno”, de modo que, según deja constancia, “deberán abstenerse de intervenir” cuando “se distancien en algún punto concreto (siempre que este no sea sustancial) de esas posiciones gubernamentales” o, en su caso, “manifestar que sus opiniones son estrictamente personales y ajenas, por tanto, a la política gubernamental”.
(Y sigue) dejo link
https://www.elconfidencial.com/espana/p ... r_1615631/