El anuncio de una inyección de 482,4 millones procedentes de los fondos europeos para reforzar la atención domiciliaria de dependientes, junto con la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una partida de 566,39 para desatascar el sistema de Atención a la Dependencia y con el compromiso del Gobierno con los agentes sociales para aportar 1.200 más en los próximos dos años sitúan al sistema ante el reto de encaminarse a su mayoría de edad extendiendo la cobertura a todos los afectados por una "pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial", ya sea "por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad", que "precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria", que es como define al dependiente la ley aprobada en 2006.

Unos 15 años después, al sistema atiende a más de un millón de personas al mismo tiempo que mantiene a más de 370.000 en un limbo en el que no cobran la prestación asignada o esperan a ser reconocidos, un limbo en el que mueren más de 30.000 ancianos cada año (más de 55.000 con la pandemia) mientras los desajustes del sistema llevan más de una década generando un macabro negocio multimillonario a los mismos gobiernos centrales que lo han infradotado y, con ello, obligado a las comunidades autónomas a realizar un esfuerzo económico tan desmesurado como insuficiente.