Ya se empieza a tirar de la manta.
Susana Díaz dejó sin gastar 75 de cada 100 euros para la protección de víctimas de la violencia de género
El gobierno de Susana Díaz dejó, entre 2016 y 2018, en un cajón 75 de cada cien euros que debían haber servido para la protección y la asistencia a las víctimas de la violencia de género. Las partidas que incluyó en esos años la Junta de Andalucía en sus presupuestos para este colectivo quedaron sistemáticamente sin gastar, de manera que de un montante total de 12,6 millones, sólo se gastaron en estos tres ejercicios 3,2 millones, apenas el 25% del total.
En pleno debate sobre las políticas contra la violencia de género y con Vox reclamando auditorías y denunciando el desvío de los fondos públicos, los datos oficiales de ejecución presupuestaria ponen de manifiesto que la mayor parte del dinero ni siquiera llegó a las víctimas por la sencilla razón de que la Junta no se lo gastó, se lo guardó en la cartera o, y ésta es la otra posibilidad, nunca estuvo disponible y la partida se infló deliberadamente.
Es lo que sucedía habitualmente en los últimos gobiernos socialistas, tal y como denunció esta semana en el Parlamento el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo. Por sistema, el gobierno andaluz, al menos en las dos últimas legislaturas, no invertía más que una parte de lo que anunciaba en sus presupuestos.
En total, de acuerdo con los datos de Hacienda, entre 2013 y 2018 sólo se ejecutó, sólo se gastó, el 47% del dinero destinado a inversiones productivas, el que aparece en los capítulos 6 y 7 del presupuesto. Esto significa que 9.930 millones anunciadas en inversiones por los gobiernos socialistas nunca llegaron a materializarse, fueron inversiones fantasma.
Lo sucedido con las partidas para víctimas de violencia de género no era ninguna excepción. En esos cinco años, los sucesivos gobiernos socialistas impulsaron programas de "empleabilidad" a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el objetivo de reducir la tasa de paro en Andalucía, la más alta del país. Sin embargo, de manera sistemática las partidas que se incluían en los presupuestos de cada ejercicio para este programa se quedaban en el cajón. No todo el dinero, pero sí una buena parte del que en teoría debía destinarse para la inserción laboral de los desempleados andaluces nunca llegaba a su destino. Simplemente, no se gastaba.
La mitad del dinero para empleo
En esos años, en el programa 32L -así se bautizaba en las cuentas de la Junta-, sólo se ejecutó el 52% del presupuesto. Es decir, sólo se gastaron cinco de cada diez euros teóricamente destinados al programa de "empleabilidad" y la mayor parte de ese dinero sirvió para afrontar los gastos de mantenimiento de las oficinas del SAE.
No es la única iniciativa en materia de lucha contra el paro a la que no llegó el dinero presupuestado. El programa 32D, formación para el empleo, tuvo unos niveles de ejecución aún más bajos. De cada cien euros presupuestados, únicamente se gastaron 14, lo que supone que, en números redondos, quedaran en el cajón sin gastar 1.902 millones de euros entre 2013 y 2018.
De manera sistemática, como queda en evidencia con los datos de ejecución, los presupuestos se inflaban en las partidas de inversiones, que nunca llegaban a ejecutarse al cien por cien. De hecho, lo habitual es que se hicieran modificaciones presupuestarias a la baja meses después de aprobarse las cuentas.
Sucedía muy habitualmente con las partidas destinadas a inversión en materia educativa. De acuerdo con los datos de Hacienda a los que ha tenido acceso este periódico, entre 2016 y 2018, el 44% de las inversiones en educación no universitaria, en colegios e institutos, se quedó sin ejecutar.
Las becas no se libraron tampoco de esta práctica. Las Adriano -que tienen por finalidad ayudas a las familias con menos recursos para que sus hijos cursen bachillerato o FP- alcanzan un grado de falta de ejecución del 90% desde que nacieron en el año 2014. De 40,5 millones de euros prometidos, sólo se han gastado en estos años 4,8 millones.
Y lo mismo en infraestructuras sanitarias, donde la ejecución de los presupuestos de inversiones apenas alcanzó el 60%. Un ejemplo: en 2016 el gobierno andaluz anunció 102 millones de inversión en sanidad que quedaron reducido a 43, cinco millones menos de lo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) gastó en intereses de demora.
En política social ya lo denunció también esta semana la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, cuando denunció en una comparecencia parlamentaria que sólo se ha repartido el 30% del presupuesto que en 2018 debería haber estado disponible para las rentas mínimas de inserción, las ayudas para familias en situación de exclusión social que impulsó Susana Díaz en su última etapa al frente de la Junta y como sustituta del salario social.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/0 ... b460a.html
