El historiador Roberto Muñoz Bolaños, que analiza en El 23-F y los otros golpes de Estado las operaciones involucionistas civiles y militares en España entre 1975 y 1986 y ha analizado las fuentes primarias, asegura que "queda demostrado a partir de esas fuentes que el general Armada fue autorizado por Juan Carlos I a las 23:30 horas para proponerse a título personal como presidente del Gobierno ante los diputados retenidos en el hemiciclo".
En una entrevista con Efe, Muñoz Bolaños, especialista en historia militar de la España del siglo XX, habla sobre la actuación del rey Juan Carlos durante el 23F, y asegura que "estaba en conocimiento de la operación que pretendía llevar al general Armada a la presidencia del Gobierno tras una moción de censura contra Adolfo Suárez".
Juan Carlos I, continúa el historiador, mantuvo una "actitud de impase ante los hechos" entre las 18:22 horas del 23 de febrero y las 1:00 horas del día 24, pero al mismo tiempo "evitó que los tenientes generales con mando en región militar pudieran movilizar sus tropas siguiendo el ejemplo de Milans del Bosch" en Valencia.
Por otro lado, considera que "no desautorizó a Milans del Bosch, que siguió en su mando, ni tampoco a los jefes y oficiales de la División Acorazada Brunete nº 1, que intentaron ocupar Madrid, y permitió a Armada trasladarse al Congreso para proponerse como presidente del Gobierno".
Sin embargo, agrega Muñoz Bolaños, "ninguna fuente demuestra la implicación de Juan Carlos I en el golpe de Estado, ni tampoco que conociera previamente que su hombre de confianza, el general Armada, era el líder del mismo".
Esta documentación ha sido complementada con testimonios orales de algunos protagonistas, así como con memorias e informes inéditos de algunos militares clave, y documentos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. Según las fuentes analizadas, ni EEUU ni el Vaticano tuvieron una intervención directa ni indirecta en las operaciones militares de ese período, aunque, en relación al 23F, las fuentes hacen referencia a que "ambos Estados estaban en conocimiento de que el 23 de febrero de 1981 tendría lugar un golpe de Estado en España, algo que también sabía la jerarquía católica española, que mantuvo un completo mutismo mientras el Congreso estuvo ocupado por Tejero"...