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Bajo este escenario, nadie tiene claro lo que realmente ha sucedido en Irán después de que las autoridades cortaran internet la noche del sábado, cuando miles de protestas se expandieron por el país. El Gobierno había decidido doblar el precio de la gasolina sin avisar, aun sabiendo que eso podría despertar una oleada de protestas en el país.
El Gobierno argumenta su decisión, respaldada por el líder supremo, en que era la mejor opción para ayudar a la población más pobre del país, cuyas condiciones han empeorado desde la imposición de nuevas sanciones económicas en el 2018. El plan es utilizar los dividendos del alza de la gasolina para aumentar los subsidios que reciben 60 de los 83 millones de iraníes, lo que en su opinión ayudará a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. También logrará bajar el consumo de gasolina, uno de los más altos del mundo. Las consecuencias, se argumenta, no sólo serán positivas a nivel medioambiental sino que el excedente se exportará a países vecinos. Esto producirá ganancias adicionales al país en un momento en que la venta de petróleo se ha reducido de 208 millones de barriles a medio millón como consecuencia de las sanciones.
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Aunque sin duda esos grupos se alegran de los problemas que afronta el régimen islámico, el descontento de los iraníes no requiere impulso externo. Las duras sanciones impuestas por EE UU el año pasado cuando abandonó el acuerdo nuclear han puesto su mal gestionada economía al borde del abismo. Su producto interior bruto (PIB) va a contraerse un 9% este año. Ahora temen que la subida de la gasolina dispare una inflación que ya supera el 40%. Y ante los escándalos de corrupción que salpican el país, pocos confían en la explicación oficial de que la recaudación generada va a destinarse a cubrir las necesidades sociales.